Mientras que desde el 2009 Holanda (sin pretender afirmar que
sea un país perfecto) ha cerrado 19 cárceles por falta de delincuentes a
quienes encerrar, lo que la ha llevado a tener más guardias que presos y a tener
que alquilar las pocas que permanecen abiertas a las naciones vecinas, países
como Colombia son la antípoda de tan singularísima situación.
Cada vez que nos adentramos en auscultar cuál es la raíz de los
males del Estado colombiano, todos los caminos, reiterativamente, nos conducen
y señalan de manera claramente imperativa, una sola y misma causa: la
dirigencia política nacional; cual pérfida y ladina enfermedad que se enquistó
en nuestro país desde el momento mismo en que empezamos a organizarnos como
república y cuyo catalizador exponencial, ha sido siempre la deletéreamente
famosa corrupción administrativa, la que fue institucionalizada de manera juiciosa
desde el gobierno elato y timador de Santander. Este liante personaje se
grangeaba coimas a costillas de las necesidades de la campaña libertadora y de
los empréstitos con Inglaterra, lo que constituyó el génesis de la deuda
externa, que al día de hoy ya superó el 40% del producto interno bruto (PIB)
del país y su monto se tasa en 116.167 millones
de dólares.
La historia no ha cambiado, el actual panorama político nacional
nos demuestra vehementemente que nuestros espurios gobernantes siguen odebrecht-ciendo a sus mezquinos
intereses personales de ambiciones y egos insaciables. El pico del escandaloso
insuceso con la gigante sobornadora transnacional Odebrecht, no solo pasa por
los 11 millones de dólares que le pagó en sobornos a muchos funcionarios de
nuestros indignos gobiernos, ni por el empañado préstamo consideradamente
blando que le hiciera el Banco Agrario con nuestros impuestos y con todo el
beneplácito de su junta directiva, en la que tiene presencia el super ministro
cuyo nombre no se sustrae de los más graves casos de corrupción de los últimos
19 años (Dragacol, Reficar, Isagen y contando…), ni que aparte de la
negligencia por no haber terminado el primer tramo de la llamada ruta del sol,
iniciada en 2009 y que no va ni por la mitad, frente a lo cual la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI) la sancionó con multas por incumplimiento,
resultó que la constructora brasileña respondió con una demanda a la Nación por
700 mil millones de pesos, esgrimiendo que el retraso en dicha obra, es
responsabilidad de la Nación por la no adquisición de predios para trazar las
carreteras y porque tampoco ha tramitado las correspondientes licencias
ambientales, sino que a todo esto se le suma el hecho de haber sido salpicadas
las dos campañas presidenciales que llegaron hasta la segunda vuelta de las
últimas elecciones y que representan a dos fuerzas políticas del mismo origen y
pelambre, enfrentadas hoy no por la discordia devenida del modelo de Estado que
conciben (ya que es exactamente el mismo) y sí por las discrepancias en la
configuración de la mermelada.
Así, mientras Trump propone un muro anti-inmigrantes, Colombia
padece secularmente el muro de la corrupción, erguido como infranqueable
barrera que le ha impedido a un pueblo de origen humilde, campesino y
comunitario, ser incluido en un proyecto de nación mínimamente humano, que le
garantice el goce de sus derechos o por lo menos lo básico, pues los
colombianos, para dar un ejemplo, ya nisiquiera tenemos derecho a la salud,
sino la obligación de no enfermarnos. La República de Colombia es un Estado
fallido, que lo único que garantiza es la obligación para sus ciudadanos de
pagar con sus míseros ingresos, impuestos cada vez más altos y más necesarios -por
supuesto-, para financiar la corrupción, los derrochadores gastos burocráticos,
las grandes evasiones y cómo no, mantener a los grandes delincuentes y
aprovechadores de la cosa pública, a
quienes los mass-media nos muestran como los grandes pro-hombres de la patria.
Si en este país se hiciera justicia, con la sola casta dirigente
tradicional y corrompida, Holanda reabriría las 19 cárceles cerradas y, de
seguro, habría hacinamiento en ellas. ¿Será que nos saldrá más barato arrendarle
sus cárceles al País Bajo por albergar a esta plaga dirigente, que seguir
patrocinando su telamón de corrupción con nuestro erario y nuestros votos?.
Claro!, siempre que se garantice la utopía endémica de no haber impunidad.
Por:
Arturo Velásquez
Consultor de Organizacional
Investigador
Director Alianza SER
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