ATERRIZAJE FORZOSO

El negocio de los Char para la segunda pista del Aeropuerto Internacional JMC de Rionegro

Lo del proyecto de construcción de la segunda pista del aeropuerto internacional José María Córdova (JMC) de Rionegro, Antioquia, es una mañosa imposición a favor de poderosos grupos de inversión y en detrimento tanto de la propiedad de los campesinos lugareños, como de los recursos acuíferos y de la fauna y flora de la región, además de un flagrante atropello humano, social y cultural por el desplazamiento de la comunidad.

El aeropuerto internacional José María Córdova es operado en concesión por la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte (OACN S.A.), cuyo nombre comercial es AIRPLAN y entre sus socios se cuentan la familia Char de Barranquilla -aliada incondicional de Germán Vargas Lleras- con una participación del 31%, Mario Pinzón Bohórquez -consuegro de Santos y esposo de Alicia Naranjo, la ex Directora de INVIAS del gobierno Uribe- y la familia Mazuera -negociantes de la especulación del suelo en Bogotá-. AIRPLAN, a parte de operar la terminal aérea de Rionegro que presta servicios a la ciudad de Medellín, también tiene a su cargo los aeropuertos de Medellín (Olaya Herrera), Montería, Carepa, Quibdó y Corozal. Los Char también extienden sus negocios a otra concesión aeroportuaria llamada AEROPUERTOS DE ORIENTE, en la que controlan el 32% de las acciones y atienden los aeropuertos de Bucaramanga, Santa Marta, Cúcuta, Valledupar, Barrancabermeja y Riohacha.

Detrás del impulso de todas estas concesiones estuvo el mismo Germán Vargas Lleras, quien en calidad de vicepresidente, fungió como encargado de gran parte de la infraestructura del país.

En todo este marco, serios inconvenientes e injusticias empezaron a aterrizar sobre la comunidad campesina (en su gran mayoría con arraigo ancestral en la zona) asentada en el área donde se contempla la construcción de la segunda pista del aeropuerto JMC, y fue a partir de la Resolución N° 00964 del 30 de abril de 2015 (luego modificada parcialmente por la Resolución N° 02515 de 2016) expedida por la Aeronáutica Civil, por medio de la cual se declaró de utilidad pública e interés social, un polígono de 784 hectáreas que representan 5 veredas, territorio que esta entidad pretende adquirir en el año 2026 cuando entre en operación la segunda Fase del proyecto (pág 427 del Plan Maestro).

Lo anterior significa que los propietarios de los predios señalados por las resoluciones referenciadas, tienen restringido su derecho a la propiedad privada a través del congelamiento de la misma desde abril de 2015 hasta el 2026, puesto que no pueden decidir sobre su venta, efectuar reformas, tramitar licencias de construcción, hacer desenglobes ni demás acciones derivadas de su titularidad, como tampoco es posible que la zona se vea beneficiada por obra alguna de la alcaldía de Rionegro, dada la restricción decretada. Pero lo que sí no está congelado ni restringido para estos propietarios, son las obligaciones tributarias, la desvalorización de sus inmuebles y la amenaza de la expropiación por vía administrativa. Ahora bien, lo artificioso del caso se da en el hecho que la declaratoria de restricción al uso de la propiedad para sus dueños, no se basó en ningún estudio técnico y solo casi 8 meses después, se inicia el estudio respectivo que denominaron Plan Maestro y que fue finalizado 1 año y 3 meses y medio después de haber sido afectado y vulnerado el derecho de propiedad de una comunidad totalmente indefensa.

Dado esto, el exdiputado de la Asamblea de Antioquia, Jorge Gómez Gallego, interpuso ante el Consejo de Estado el pasado 6 de octubre del presente año, una demanda de nulidad contra las Resoluciones señaladas proferidas por la Aeronáutica Civil, por considerar que esta no tiene competencia para la declaratoria de utilidad pública e interés social de los predios que el proyecto contempla para el trazado de la segunda pista del aeropuerto internacional JMC. La demanda reposa en la sala tercera del alto tribunal para reparto, esperando a que se le asigne magistrado ponente.

El 9 de diciembre de 2015, la Aeronáutica Civil suscribió el contrato N°15000304-OK (que entró en vigencia el 14 del mismo mes y año) con la Unión Temporal Rionegro (compuesta por las firmas Mott MacDonald, Aertec Solutions y UG21) para la formulación del llamado “Plan Maestro del Aeropuerto Internacional José María Córdova y estudios de Viabilidad Técnica, Operacional, Financiera y Predial del Polígono propuesto para la segunda pista”, que nos costó a todos los colombianos $ 3’759.154.000 y a partir de ahí, más curiosidades empezaron a tomar vuelo:

• 1. En ninguna de sus tres fases, que va hasta el 2036, el Plan Maestro estipula la construcción de una segunda pista, esta se contempla por fuera de los tiempos definidos por el mismo Plan y es “meramente con fines ilustrativos”. 

• 2. En refuerzo de lo anterior, el Dofa del propio Plan Maestro concluye que las potenciales amenazas para la construcción de la segunda pista se tasan en la inviabilidad financiera y ambiental del proyecto. 

• 3. El Plan Maestro no contempla un mecanismo para la compra y pago de indemnizaciones por el valor comercial de los inmuebles y de los proyectos productivos que actualmente funcionan en muchos de dichos predios; el metro cuadrado en esa zona está alrededor de los $ 850.000 hacia arriba, pero el metro cuadrado de los predios de las familias campesinas afectadas que cuentan con bosque nativo y agua, según el Plan Maestro, tiene un valor de $ 19.100. 

• 4. El llamado activador de inversión que justifica la construcción de la segunda pista según el Plan Maestro, se dará cuando se llegue a 150.000 operaciones anuales, pero otras investigaciones como la del estudiante de economía Andrés Trigos, que no nos costaron miles de millones a los colombianos, revela estudios que registran “un ritmo de crecimiento entre 1,9% y 1,7% para llegar a 2036 con operaciones en un nivel de 130.950 por año”, cifra que aún está lejos del activador de inversión.

• 5. Añade también el acucioso estudiante Trigos, que según estudios de autoridades aéreas de Alemania e India: “la configuración actual del aeropuerto con una pista podría alcanzar para operar 200 mil operaciones anuales”, lo que ratifica que la segunda pista no es necesaria.

Para hacer frente a toda esta situación, la comunidad afectada constituyó la Veeduría Vida JMC (José María Córdova), conformada por 15 personas, su fin es velar por los derechos inalienables de la comunidad y por la defensa integral del territorio, labor que viene cumpliendo con toda la altura, sentido de patriotismo y el rigor técnico del caso, en cabeza de su Presidente, el Ingeniero Gonzalo García Espinosa. Cuentan con la voluntad del Senador Jorge Prieto Riveros, quien en calidad de presidente de la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial, le está haciendo seguimiento a este caso para efectos de control político y salvaguarda de los intereses de la Nación.

¿Por qué entonces las entidades del Estado, en este caso la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, vulneran los derechos fundamentales y del medio ambiente de toda una comunidad rural, al congelarle sus predios de manera injustificada, para reservar una zona a la construcción de una pista que nisiquiera se contempla en los estudios técnicos que estas mismas entidades contratan con los impuestos de todos los colombianos?.

El fondo de toda esta maraña es lograr el aterrizaje forzoso de un negocio que busque justificar -aunque sea de manera antitécnica-, la construcción de una pista que de plano, no es necesaria para el desarrollo del aeropuerto, sino para la activación automática de la cláusula que le permite a AIRPLAN, la extensión de la concesión del José María Córdova hasta el 2048, y así evitar que el lucro se les acabe en el 2023, con lo cual no obtendrían las ganancias sobrevaloradas que aspiran a captar, respecto a las condiciones del contrato inicial.

Claro, los Char y compañía necesitan de toda la financiación posible con miras a la presidenciables de 2018, no importa que se deje en el aire a 2.244 familias que representan unas 8.752 personas, quienes se encuentran en total riesgo de desalojo, desarraigo y expropiación; igual riesgo corre la biodiversidad de los ecosistemas de la zona. ¡Mayday!.