LA DEFENESTRACIÓN SOCIAL DE COLOMBIA

Por:

Arturo Velásquez

Director Alianza SER

Consultor Internacional de Organizaciones Sociales.

Investigador, Conferencista y Tallerista.

arturojose11@hotmail.com

 

El término defenestración tuvo su origen en una práctica propia de la baja Edad Media que consistía, a grandes rasgos, en el hecho que los miembros del poder instaurado, arrojaban por la ventana a toda persona o situación que no correspondiera a los intereses del poder y de esta manera, se deshacían de las contradicciones en vez de resolverlas. Tal práctica se representó preponderantemente en las llamadas “Defenestraciones de Praga”, acaecidas en Bohemia en los años 1419, 1483 y 1618.

Ahora bien, extrapolando el término, la manera como los sucesivos gobiernos nacionales han regentado el poder en Colombia, nos muestra una inefable defenestración de la estructura social de la nación; en el gobierno actual, se sigue ratificando la usanza política que radica en que para el pueblo colombiano, el Estado nunca ha estado, o solo lo ha estado para llevarlo a la pauperización de su calidad de vida. Parodiando a un expresidente latino americano, la clase dirigente ha tornado a Colombia no en un país pobre, si no en un país injusto para la base social de su población. Luego no puede ser justo un país en el cual el salario mínimo aumenta $ 45.000, y el de sus congresistas lo hace en $ 2´170.088 (una desproporción del 98%), donde se gravan los salarios y los elementos básicos de la canasta familiar, mientras no ocurre lo mismo con los bienes suntuarios de consumo y se le hacen exenciones al gran capital transnacional. Un país cuyos gobiernos le quitan la actividad económica a su propia clase empresarial para entregársela a mega empresas, como por ejemplo, a Impala Terminals, para que acapare el transporte multimodal de carga y con la ventaja de ser la dueña de puertos tan estratégicos como el de Barranquilla y el de Barrancabermeja; esto fue el motivo de fondo del paro camionero.

Quizá la mayor defenestración de lo social en Colombia radica no solo en el hecho que se pretenda aniquilar al aparato productivo, si no que a partir de las tesis esgrimidas por el Gobierno Nacional al asegurar que se debe ampliar la base de los contribuyentes y que el mayor desangre tributario que tiene Colombia son las fundaciones, el gobierno está justificando una deletérea reforma tributaria, a la que denominan estructural, que le trasladará al ciudadano de a pie, a las organizaciones sociales y a las empresas, la responsabilidad de menguar un hueco fiscal dejado a las finanzas públicas por causa de la corrupción administrativa, el desmedido gasto burocrático y la entrega del patrimonio nacional al capital extranjero, sin inmutarse por el hecho que dicha reforma lanzaría por la ventana directo a su liquidación (en los próximos tres años), al 96% de las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) que atienden a la población más vulnerable y excluida de Colombia y de la cual los gobiernos, se han desentendido por completo.

Según informe revelado por Competitividad Global en 2015, en cuanto a los impuestos que recaen sobre el empleador, Colombia es el 4° país del mundo con los impuestos más elevados, lo que significa que los empresarios de las Mipymes nacionales tributan alrededor de un 75,4 % de los ingresos producidos; mientras que una persona natural paga un promedio de $14.600 diarios en impuestos. Como si esto no fuera suficiente, la reforma tributaria propone, entre otras cosas, lo siguiente: declararán renta quienes devengan más de $1’500.000 mensuales, se incrementará el IVA del 16% al 19% a las aguas minerales, cobros del sector financiero, software, computadores, dispositivos móviles, gas natural, biodiesel, internet para estratos 1,2 y 3 e incluso patentes y franquicias, entre otros. Los productos como hortalizas, leche, maíz, arroz, queso, huevos, pescado, carne, camarones, libros y medicamentos, entre otros, serán gravados con un IVA del 5% y concluye con un 30% de sobretasa a la gasolina. Todo esto será defendido por el Senador Angel Custodio Cabrera, quien fue el ponente que eligió el gobierno para presentar el proyecto de ley de la reforma tributaria.

En cuanto a lo planteado para las ESAL,  se evidencia un profundo desconocimiento por parte del Gobierno y sus agentes sobre la dinámica del sector y la naturaleza jurídica y operativa de sus organizaciones, pues las excluyen del Régimen Tributario Especial, les invaden la autonomía que les otorga el derecho privado y piensan asumirlas como sociedades comerciales, lo que provocará una antinomia que ahondará la confusión en la ya actual dispersión normativa que intenta regularlas. No se entiende entonces qué estructural puede ser una reforma cuando el planteamiento de la misma desconoce la realidad del Sector Social y no contempla un proceso de depuración de las ESAL para identificar y diferenciar a aquellas que están realizando un verdadero trabajo social y filantrópico, de las que se constituyeron para abusar de su condición y beneficiarse elusivamente del Régimen Tributario Especial. A tal punto que nisiquiera el mismo Senador Angel Custodio -ponente de la reforma-, conoce cuantas fundaciones van a ser objeto de la misma, puesto que confiesa en público: “no, no sé, digamos cien mil, quinientas mil”. Ahora, no es cierto que las Fundaciones y demás ESAL estén exentas de impuestos, estas figuras tributan en términos generales gravámenes como el de Industria y Comercio, el Iva, anticipo del Iva, las retenciones a que haya lugar según el caso, las estampillas y otras deducciones cuando contratan con el sector público y gracias al Decreto Ley 019 de 2012 de Santos, pagan anualmente el registro social (RUES) en un monto relacionado al patrimonio que posean, lo que se constituye en un disfrazado impuesto adicional al patrimonio.    

El Presidente Santos concluye que si no hay paz, habrá más impuestos. Sin embargo, la reforma tributaria confirma que busca la paz y también mayores impuestos. Un reciente estudio del economista Luis Guillermo Vélez Alvarez, demuestra que solo eliminando gasto burocrático, el país podría ahorrarse 20 billones de pesos y generar mejores condiciones fiscales, así: suprimir 17 entidades que suplantan funciones de los ministerios, reducir el 30% del presupuesto de otras 6 entidades, recortar el 17% del presupuesto de los ministerios y el 35% del presupuesto de 5 entidades creadas para repartir dinero. Con esto, también nos ahorraríamos los colombianos una reforma tributaria impuesta por organismos supranacionales como la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, imposición estratégicamente nacionalizada mediante el Artículo 44 de la Ley 1739 de 2014.  

Siempre estaré de acuerdo con ponerle fin a una guerra fratricida originada históricamente en el nido del poder y sus partidos, pero tal convicción no puede nublar el hecho de señalar la incoherencia demencial de botar por la ventana de la ignominia, a la estructura social de un país con el pretexto de financiar la paz, cuando fue precisamente la inequidad y la exclusión lo que originó el conflicto interno en el que siempre nos han cambiado intereses económicos, por vidas. Por ello los colombianos estamos obligados a estar por encima del maniqueísta juego de quienes encienden la división ideológico-política del país, pues nos dividen entre los Dimas y los Gestas que han tenido por igual, como marco estructural de sus respectivos gobiernos, la profundización de una globalización neoliberal que supedita el poder y la autodeterminación del Estado y, por supuesto, la soberanía de sus habitantes. Y además, justificado en la careta de un comunismo cuyo único triunfo ha sido convencernos que no es otro tipo de capitalismo disfrazado: un tentáculo más de la cabeza de la medusa.

La precaria y maltrecha situación del país requiere de sus habitantes –de aquellos quienes quieren a Colombia, no de quienes solo quieren usufructuarse de su poder-, un estado de consciencia y de organización tal, que redefina la estructura misma del statu quo instituido, que nos lleve a un nuevo marco Administrativo que haga ruptura ética y social con el actual estado de manoseo de la cosa pública; otra dimensión de organización nacional en la que el pueblo por fin se vea representado de forma directa por sus propios sectores y sus gremios organizados a manera de Consejos Sociales sin vínculos políticos, y no por los deletéreos quistes partidistas que secularmente han dividido y defenestrado en sangre, el lazo fraterno de un pueblo llamado Colombia.