SIN PAÍS, ¿PARA QUÉ PAZ?

Por:

Arturo Velásquez

Director Alianza SER

Consultor Internacional de Organizaciones Sociales.

Investigador, Conferencista y Tallerista.

arturojose11@hotmail.com

 

Corrían las Idus de diciembre de 1815, cuando Juan Bautista Arismendi -militar, político y prócer de la independencia venezolana-, recibe la propuesta del jefe realista Joaquín Urreiztieta de canjear al comandante Cobián, preso por el prócer, por su esposa la heroína María Luisa Cáceres Díaz de Arismendi, presa por aquél, ante lo que el patriota Arismendi, tajantemente espetó al emisario de la siguiente manera: «¡Diga al jefe español, que sin patria no quiero esposa!».

Al otear la palmaria situación política, económica, humana y social de Colombia, encontramos que esta enfática y célebre réplica de prócer, se constituye en el mejor símil en el que hoy se enmarca la infausta realidad de nuestro país; por lo que parafraseando a Juan Bautista Arismendi, hoy nos planteamos en Colombia la siguiente inquietud que es más bien una encrucijada: sin País, para qué paz?, ya que si el Gobierno Nacional plantea como bandera de su gestión (y nos hacen creer que es una iniciativa gubernamental, lo que en realidad es una orden foránea disciplinadamente acatada), un acuerdo de paz con uno de los más abominables actores armados ilegales de la historia, como la vía más conducente para vivir en un país próspero, tranquilo, seguro, garantista de los derechos y en pleno desarrollo, por qué se advierte entonces en la cotidianidad nacional, un país en condiciones precisamente contrarias a tales anhelos?, que no pasan de seguir siendo las mayores y más caras aspiraciones del pueblo colombiano, las cuales no tomarán vida por el arte de la pluma que cual varita mágica, firmará el fin del conflicto en la Habana, sin detener el inminente derrumbe estructural de la nación en Colombia.

Por ello, es inaudito asumir un ingente esfuerzo para alcanzar la paz, solo por la vía de conseguir un acuerdo político con un actor armado en específico, sin a la par abocarse a hacer lo necesariamente propio para subsanar de fondo las causas históricas que originaron el conflicto, como por ejemplo, el anacrónico modelo feudal que aún persiste en el sector agrario del país. Puesto que la paz es el consecuente resultado de una serie de necesidades satisfechas propias de un sistema de derechos no solo conquistados sino también materializados, que conlleve a un estado generalizado de desarrollo integral dado.

De entrada, empecemos por considerar, el desdibujamiento sistemáticamente progresivo de nuestro modelo de Estado, que según el mandato constitucional de 1991 reza: “Colombia es un Estado Social de Derecho…”; no es cierto que exista en la praxis de nuestro país tal modelo de estado, cuando su base fundante que es la voluntad general “está proscrita de las decisiones fundamentales en tanto el pueblo no es soberano” (Martín Acantilado; La Democracia como Posibilidad), tampoco es prioridad el gasto y la inversión en lo social y los derechos tanto individuales como colectivos no están garantizados a favor del ciudadano común, obligando a este a una árida lucha para su reclamación.  

La estructura institucional de los sectores públicos, empresarial y social está totalmente resquebrajada; en Colombia los ciudadanos asistimos a la democracia más débil de América Latina con más del 50% de abstencionismo, como producto de un decrecimiento pasmoso del 70% de la participación social ciudadana desde el 2005, lo que provoca que una superlativa minoría confirme la máxima de George Jean Nathan: “Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan”. Minoría que permite la institucionalización de la corrupción en la médula estatal y lo peor, rápidamente lo olvida.

De aquí devienen las actuales consecuencias, cual bomba de tiempo que nos derrumban el país, ad portas de la paz:   

1. Corrupción y negligencia administrativa: casos como el de la Refinería de Cartagena (Reficar) que le costó al país una pérdida cercana a los 12 billones de pesos, lo que equivale según cifras publicadas por los medios, a seis foncolpuertos, cuatro Saludcoop, más de diez veces el carrusel de contratación de Bogotá y el doble de lo que recibió el gobierno por la “venta” de Isagén, con colusión incluida. O también los no menos dolorosos escándalos de Agro Ingreso Seguro y el desfalco de la Dian de 2011 que le hizo un hueco a los colombianos por valor de 3.6 billones de pesos. Ahora entendemos hechos como el déficit de la salud de 5,3 billones, lo que tiene en crisis el sistema y a los usuarios en paseos de la muerte. Pero falta la mayor desfachatez: plantean una lesiva reforma tributaria en ciernes, con el argumento de tapar el hueco fiscal que según el gobierno, se ha generado por las prácticas elusivas de los ciudadanos y de las organizaciones sociales.

2. Caos de la justicia: la sensación de la politización de una Fiscalía antiuribista y una Procuraduría antisantista, el Defensor del Pueblo renunció por un escándalo sexual, una Corte Constitucional golpeada por el caso Pretelt y muchos juzgados sumidos en paro.  

3. Consecuencias de los TLC: que se concentran principalmente en el hecho que tiene a Colombia importando 11.5 millones de toneladas de alimentos que puede producir nuestro sector agrario, contrario a esto, las compras a los E.U.A aumentaron en 120%, mientras que las ventas apenas lo hicieron un 16%. Esto explica asuntos como el paro agrario, el paro camionero y otro tipo de obligados pronunciamientos.

4. Los niveles de pobreza: solo para citar las cifras oficiales, según datos del Dane y Planeación nacional, el 46% de la población Colombiana vive en la pobreza y aproximadamente un 17% de la población está en la absoluta pobreza. Se proyecta quee para este año 2016, el índice de pobreza en Colombia supere el 50% del total de la población.

5. La Venta del patrimonio nacional: el Estado colombiano ha salido recientemente de empresas tan estratégicas como: Isagen, Une, Telecom, la Empresa de Energía de Bogotá y las que vienen en fila: Propilco, Ecopetrol, ISA, Banco Agrario, Artesanías de Colombia, Findeter, la Financiera de Desarrollo, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Colombia Telecomunicaciones Cotel, la Generadora y Comercializadora del Caribe, Gestión Energética Gensa, la Empresa de Energía del Pacífico y las Centrales Eléctricas del Cauca.

El país al que afanosamente el Gobierno le busca la paz, se cae a pedazos, confirmando esto la esquizofrenia de seguir hipnotizados frente al hecho que nunca hay cabida para lo estructuralmente importante, porque es más conveniente resolver lo aparente.

Entonces cómo entender el hecho gubernamental de firmar una paz formal, mientras en lo sustancial permanecen intocablemente arraigadas las causas de la indiferencia estoica del alto poder y de su modelo subrepticiamente colonial: sectario, excluyente, segregador  y anodino. Pues esta es la fuente y raíz que produjo todas las formas de violencia y todas las gamas de degradación que hoy le asisten a Colombia, cuyas consecuencias ya enquistadas en el leonino arquetipo de estado que nos diseñaron, acentúan el derrumbe del país nacional, del país social y del país humano. Y lo peor: ideológicamente, lo exacerban.

Nosotros ya no tendremos un país sin paz, sino una paz sin país en el cual vivirla. Por fortuna, la familia Arismendi logró criar felizmente a sus 12 hijos: ellos, en otrora, sí tuvieron patria en la cual vivir en paz.